La portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, califica de “vergonzoso y falso” que los retrasos de la Ley de Dependencia en la región se deban al trabajo de los funcionarios, como ha asegurado hoy Esperanza Aguirre, y recuerda que la Comunidad de Madrid “ha sido de las últimas en toda España en aprobar las normas para aplicar esta ley”.
Miércoles, 13 de enero de 2010
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid lamenta que el grado de aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad siga siendo deficiente tras tres años de su aprobación en el Parlamento español.
“Este retraso en la Comunidad de Madrid no se debe a la actuación de los trabajadores públicos, que siguen las instrucciones de sus superiores, sino a una decisión política del Gobierno regional de retrasar la aplicación de la Ley de Dependencia”, afirma Sánchez Acera. Así, la diputada recuerda que no fue hasta mayo de 2008 –es decir, un año y medio después de aprobarse la Ley de Dependencia en las Cortes- que la Comunidad de Madrid aprobó la normativa económica para desarrollar esta ley en la región.
Así, “de 200.000 personas que deberían haber sido valoradas en la Comunidad de Madrid según nuestros cálculos, sólo 26.000 de ellas tienen establecido el PIA (Programa Individual de Atención) pero muchas de ellas aún no reciben su prestación”, recuerda la diputada, quien denuncia que existe un “boicot” del Gobierno de Esperanza Aguirre a la aplicación de la Ley de Dependencia. “Es absolutamente inmoral que la Comunidad no sólo no ponga en marcha la Ley plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo haga a costa de reducir otros servicios sociales fundamentales, como la atención a mayores no dependientes”, asegura.
A su juicio, es incomprensible que una de las Comunidades con mayor número de personas en situación de dependencia como es la de Madrid, haya estado ralentizando y paralizando la efectividad de esta ley. “Los únicos perjudicados han sido los dependientes madrileños y sus familias, mientras el Gobierno Aguirre ha estado recibiendo las cantidades económicas que el Estado tiene destinado para Madrid por este concepto, que han superado con creces los 40 millones de euros que dice Aguirre, ya que el año pasado Madrid recibió más de 100 millones”. “Si contaran con la ayuda de los ayuntamientos tendrían en seis meses, tal como hemos planteado los socialistas, la aplicación de la ley en cada caso”, concluye.
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