MARU MENÉNDEZ AFIRMA QUE LOS DATOS DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA INDICAN QUE “AGUIRRE NUNCA QUISO QUE FUNCIONARA EN MADRID”

La portavoz socialista pregunta a la presidenta en el pleno si está dispuesta a poner en marcha la Ley de Dependencia en la Comunidad

Según las últimas cifras oficiales, el Gobierno regional únicamente ha reconocido el 25 por ciento (49.724) de las 200.000 personas que podrían ser beneficiarias de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. De las reconocidas, tan sólo poco más de 27.000 están ya percibiendo algún tipo de ayuda. “Las cifras nos indican que la presidenta Aguirre nunca quiso que la Ley de Dependencia funcionara en la Comunidad de Madrid”.

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Madrid, 4 de febrero de 2010.-

Menéndez preguntará a Aguirre en el primer pleno de este periodo de sesiones si la presidenta está dispuesta a poner en marcha la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. Y la pregunta viene dada porque la portavoz socialista, tras conocer las últimas cifras oficiales de implantación de la ley en la región, considera que “Aguirre nunca quiso que la Ley de Dependencia funcionara en la Comunidad de Madrid”.

La portavoz basa su afirmación en datos objetivos, recientes y oficiales: las estimaciones indican que hay 200.000 madrileños que podrían acogerse a los derechos y prestaciones que se recogen en la ley estatal. De ellos, la administración regional tan sólo ha reconocido los expedientes de 49.724 (no llega ni al 25%) y de los valorados, únicamente 27.296 ya están recibiendo algún tipo de prestación.

“Es la penúltima comunidad de toda España, tan sólo seguida por Canarias, en cuanto a beneficiarios  de la Ley de Dependencia y la presidenta regional en vez de darle un impulso decidido se descuelga con una nueva ocurrencia –el cheque residencia- que es un paso más en el camino a la privatización”, destacó la portavoz.

A juicio de Menéndez, el cheque residencia no cubre el coste de la plaza residencial ni siquiera en un tercio y, además, incumple la legislación, “una mala costumbre del Gobierno Aguirre, que se salta las normas en vez de cumplirlas, como es el deber de todos y más de una administración”. La Ley de Dependencia contempla como un hecho excepcional, nunca como iniciativa general, que una administración otorgue ayudas de este tipo. “Es por tanto una medida injusta, que fomenta la desigualdad, y que discrimina a los ciudadanos que tienen el derecho a la atención a la dependencia en función del nivel de renta”.

Por ello, la portavoz exigió a la presidenta regional que escuche la alternativa que le plantean los socialistas: mayor celeridad en la valoración de los dependientes, que se construyan plazas de residencias públicas en la región, invertir en infraestructuras, formar al personal que atiende a los dependientes, reforzar los servicios de ayuda a domicilio y fortalecer los servicios sociales municipales. “Le pedimos también respeto para las personas dependientes, para las más vulnerables de la sociedad, que tienen un derecho que no puede ser cercenado por Esperanza Aguirre”, concluyó.

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