La portavoz socialista de Presidencia, Justicia e Interior, Encarnación Moya, preguntó en el Pleno a Francisco Granados sobre las funciones que realiza en la actualidad la Dirección de Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. El consejero continuó sin explicar las funciones del director, Sergio Gamón, implicado en el caso de espionaje político en la Comunidad y que recibe un sueldo anual de 90.000 euros del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Jueves, 18 de febrero de 2010
“Compruebo que, una vez más, vamos a seguir sin aclarar qué funciones realiza el señor Gamón”, afirmó la diputada socialista, que recordó que la Dirección de Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se creó “ex profeso para Sergio Gamón” en julio de 2008, después de que estallara el escándalo del asalto al Campus de la Justicia. “Y desde esa fecha no se le conoce oficio aunque sí beneficio: 90.000 euros anuales ¿por hacer qué?”, preguntó Moya a Francisco Granados.
“No es descartable que se dedique a montar operativos para encontrar las armas que la señora Aguirre necesita para machacar a los hijosdalgo que no le rinden pleitesía”, ironizó la diputada. “Todo lo que rodea a esta Dirección hace sospechar que es un pago por los servicios prestados a la señora Aguirre de la que es, parece, persona de confianza”.
La diputada subrayó que “en los tribunales todo apunta a que fue responsable del espionaje en esta Comunidad. Sus propios asesores de seguridad afirmaron ante la juez que fue el señor Gamón quien diseñó el operativo y dio las órdenes de seguimientos”, recordó y calificó de “contundentes” las pruebas aportadas por el vicealcalde de Madrid. Esta circunstancia, continuó Moya, “nos confirma que el consejero cerró la Comisión de Investigación porque tenía pánico a las declaraciones que pudiera hacer el señor Cobo y otras víctimas del espionaje si comparecían ante ella”.
Refiriéndose directamente al Gobierno regional, Encarnación Moya afirmó que “su incapacidad para asumir responsabilidades demuestra su baja talla política por no decir su nulo talante democrático. El considerar que no tienen entidad unos hechos gravísimos que vulneran los derechos de las personas y que pueden ser constitutivos de delito –en referencia a las declaraciones de Granados tras la declaración de Manuel Cobo ante el juez-, demuestra su desprecio por los valores y principios democráticos y la creciente degradación política que va minando al Gobierno regional”, concluyó
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