La sentencia del Tribunal Supremo que anula el Decreto del Gobierno regional que regula la constitución y el funcionamiento en la región de depósitos privados de sangre procedentes del cordón umbilical “viene a dar la razón a nuestras denuncias así como al recurso del Ministerio de Sanidad”, afirma la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez. En marzo de 2006, los socialistas denunciaron que el Decreto elaborado por el Gobierno regional fue rechazado hasta dos veces por el Consejo de Estado por adelantarse al Real Decreto del Gobierno regional que debía ser adaptado a la norma europea.
Audio Maru Menéndez sentencia Supremo Banco Cordones Umbilicales 250210
Jueves, 25 de febrero de 2010
El Decreto de la Comunidad de Madrid de regulación de los depósitos de sangre de cordón umbilical fue publicado en marzo de 2006. Una semana después fue recurrido por el Ministerio de Sanidad, tras lo que fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente anulado. Ahora, la sentencia del Tribunal Supremo ha ratificado esta sentencia, que es firme y sin posibilidad de recurso.
Maru Menéndez denuncia que “el Gobierno de Aguirre se salta en reiteradas ocasiones las normativas vigentes y por tanto son los tribunales los que tienen que ponerla en su sitio. Lamentablemente, el Gobierno de Aguirre no atiende, por lo que acumula, junto a ésta, toda una serie de sentencias judiciales que le obligan a rectificar por el modo de gobernar que tiene: sin escuchar, sin respetar las normas e infringiendo en muchos casos ámbitos competenciales, lo que pone de manifiesto, una vez más, la nula voluntad de Aguirre de cooperar con el Estado”.
A esta sentencia del Tribunal Supremo de hoy se suman en el último año hasta nueve sentencias judiciales que han tumbado normas de la Consejería de Educación, entre ellas la anulación de la privatización del colegio público Miguel Ángel Blanco de El Álamo o la Orden de la Consejería de Educación para el curso escolar 2008-2009, que reguló la admisión de alumnos en escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos.
No son los únicos varapalos de Aguirre en los juzgados. Así, por ejemplo, se tumbó el Decreto de desarrollo en Madrid de la Ley Antitabaco, y continúa paralizado por el Tribunal Constitucional el polémico artículo 9 de la Ley de Modernización y Medidas Urgentes que regulaba la entrada de los agentes forestales en las fincas privadas.
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