El portavoz socialista de Presupuestos, Economía y Hacienda, Adolfo Piñedo, criticó en comisión parlamentaria que la Cámara de Cuentas no haya fiscalizado los contratos presuntamente relacionados con el caso Gürtel. A este respecto, Piñedo apuntó que el levantamiento del sumario del caso Gürtel es un hecho político “muy relevante” que se refiere a la presunta adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de 400 contratos menores a empresas de Francisco Correa y “sus mariachis”, de los cuales el juzgado ha dicho que “cien son irregulares”. “Se ha producido un saqueo al erario público de Correa y su holding con colaboración de cargos electos y ¿no se les ha ocurrido fiscalizar?”, se preguntó.
Miércoles, 21 de abril de 2010.-
Con respecto a la fiscalización de la cuenta general del Ejecutivo regional en 2008, Piñedo criticó varios aspectos, como el hecho de que, a su juicio, la Cámara de Cuentas no fiscaliza el presupuesto del Sermas y por lo tanto, no fiscaliza el 95% del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid, que es la cartera con mayor asignación presupuestaria. En este punto, reprochó que la Asamblea tampoco controla este presupuesto porque no se remiten estas cuentas al Parlamento regional. En la misma línea, Piñedo añadió que “no hay información de la llamada deuda sanitaria”, un dato que ha reclamado en varias ocasiones al ya ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y que, según indicó, nunca le dio en el ejercicio del cargo.
El parlamentario socialista reprobó que no se fiscalicen los contratos menores, lo que reduce en gran medida el porcentaje de dinero fiscalizado, así como que la muestra escogida para la fiscalización sea tan solo de 176 contratos. Además, se refirió a la, a su juicio, baja ejecución del Servicio Regional de Empleo, que “dejó sin ejecutar 211 millones de euros” en 2008.
Todas estas cuestiones han sido incluidas en las Propuestas de Resolución del Grupo Socialista respecto del informe de fiscalización del ejercicio 2008. Así, los socialistas piden, entre otros aspectos, la fiscalización del gasto sanitario completo, de los entes y empresas públicas especiales, así como de los contratos firmados por la Comunidad de Madrid con las empresas de la trama Gürtel.